El sistema fiscal y de protección social español se adecua razonablemente bien a los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y autonomía que han de orientar su diseño. Sin embargo, se detectan problemas que hacen aconsejable la reforma de algunos de sus elementos. El primero es que las grandes diferencias existentes en términos de financiación por habitante generan disparidades importantes en la capacidad de prestación de servicios de las administraciones territoriales incidiendo en la calidad de vida de los ciudadanos y en sus oportunidades económicas. El segundo es un cierto déficit de responsabilidad fiscal por parte de las regiones. Y el tercero es que el programa de ayudas regionales es excesivamente ambicioso. Para paliar estas situaciones se sugieren algunas directrices para orientar la reforma como la reconsideración de la política regional o la nivelación de las condiciones de partida.