La jurisdicción constitucional se considera hoy en día una de las piezas clave de los sistemas constitucionales democráticos. En los países que, como España, han apostado por un modelo de jurisdicción constitucional centralizada, el funcionamiento independiente del Tribunal Constitucional constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la confianza de los ciudadanos en el modelo democrático de convivencia: la jurisdicción constitucional se revela no solamente como la garantía última de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino también de la fuente última de legitimidad de todo el sistema, el pacto constituyente. En nuestro país, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha sufrido un proceso de desgaste, que ha puesto en entredicho el funcionamiento independiente de la institución.

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