El anuncio de las FARC-EP del cese de los secuestros de civiles como forma de financiación y la liberación de diez integrantes de las fuerzas de seguridad que aún permanecen en su poder, ha sido recibido con enorme cautela en Colombia. Y no es solo que la credibilidad del grupo terrorista sea nula después de varios procesos de paz fallidos –La Uribe, Tlaxcala y del Caguán–, o porque se hayan incrementado los ataques en zonas de asentamiento histórico del grupo tras la asunción del liderazgo por parte del duro Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. La duda que muchos analistas se plantean es si el Secretariado –máximo órgano de la guerrilla, y quien firma el comunicado derogando lo que ellos llamaron la ley 002, nacida al calor del proceso de paz del Caguán (1998-2002)– es capaz de imponer su decisión a los 67 frentes que las FARC tienen en todo el país.

Los últimos análisis de las Fuerzas Armadas indican que sólo 15 de ellos responden de manera directa al Secretariado, y que el resto sobrevive con una lógica diferente, más aislados y dispuestos a llegar a acuerdos con el narcotráfico o bandas criminales, o incluso con el Gobierno en eventuales procesos de desmovilización concretos. La pregunta es si esa mayoría de frentes están dispuestos a renunciar al botín que les deja el narcotráfico y la extorsión si así se lo pidiera el Secretariado. El peligro –y los antecedentes así lo muestran– es que sigan actuando en la ilegalidad, aunque sea sin el amparo de las siglas FARC-EP y ya como meras bandas criminales.

En un artículo publicado unos días antes del anuncio de las FARC-EP por diario bogotano El Espectador, el analista de la Universidad Externado de Colombia Frédéric Massé afirmaba, tras un sugerente análisis de los pros y contras de los posibles escenarios de negociación entre el Gobierno y las guerrillas, que  “si se piensa en un cese al fuego como maniobra o como táctica, mejor cesar de pensar en un cese al fuego”.

El Gobierno del presidente Santos  parece haber entendido todas las aristas del problema .Y en esta lógica se enmarca la nueva estrategia de seguridad del Gobierno, “Operación Espada de Honor”, cuyos pilares son: adaptación de las Fuerzas Armadas a las distintas formas de actuar de la subversión en los distintos frentes, creando estrategias específicas; focalización de las acciones contrainsurgentes en las zonas de mayor asentamiento guerrillero-criminal y contra los líderes de los distintos frentes, cuya acción puede ser más determinante en el conflicto que la de los miembros de la jerarquía; unificación de las fuentes de inteligencia para aumentar la eficacia; mayor esfuerzo en acabar con las rutas del narcotráfico con el que se  financian; y estrategias para ganarse a la población civil, que en muchos lugares de Colombia aún mira con recelo a las Fuerzas Armadas.

En la nueva estrategia el poder blando complementa al poder duro de la política de Seguridad Democrática del expresidente  Álvaro Uribe, para así forzar a una negociación con un horizonte realista, pues como afirman algunos documentos sobre los que ha girado la discusión de la “Operación Espada de Honor”, el escenario plausible es la reducción de la actividad de las FARC-EP en un 50% en dos años, y que el final de la guerra no vendrá, exclusivamente, por la vía militar. El anuncio de las FARC-EP y la nueva estrategia de seguridad ponen las bases para que un nuevo escenario de diálogo a medio plazo no sea algo inconcebible y rechazado por la sociedad colombiana.