Un derecho constitucional que se puede conseguir
12 March 2012
El ministro De Guindos ha propuesto en el Congreso introducir la dación en pago (la entrega del bien que garantiza la deuda hipotecaria sea suficiente para extinguir la deuda contraída) y que ls subastas de viviendas desahuciadas sean lo más trasnparentes posible para evitar los problemas que surgen cuando una familia es condenada a la pobreza de por vida, sin vivienda y con una deuda económica que, por supuesto, no pueden pagar.
En octubre, durante la ya lejana campaña electoral, el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba propuso que, si ganaban las elecciones, habría una nueva Ley Hipotecaria que regulase la dación en pago y aumentase el período de ejecución hipotecaria para las familias donde todos sus miembros estuvieran en paro. La letra pequeña de estas dos propuestas es que el Gobierno del PP lo ofrece de manera voluntaria con la voluntariedad y la presunta buena voluntad de los bancos y cajas, y el PSOE lo quiso proponer mediante un proyecto de Ley.
En la Fundación Alternativas propusimos en octubre, en un documento de Estudios de Progreso -el departamento de jóvenes investigadores- realizado por Tomás Gimeno, una dación en pago limitada para las viviendas a futuro , donde el préstamo sea inferior al 80% del precio y con un sistema de recompra para impagos actuales. Además, exigimos que haya mas independencia en los tasadores, donde no es posible que sean arte y parte, y sepan antes de entrar el precio que tienen que fijar.
Pensamos que la vivienda es un derecho , por eso Vanessa Villalibre presentó un documento sobre este tema, que defiende que la vivienda debe volver a tener su función social y se debe considerar la posibilidad de una mayor intervención pública y acabar con la especulación, favoreciendo la cohesión social. La Unión Europea debería tener un mayor peso, estableciendo líneas comunes en todos los países aprovechando proyectos comunitarios y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales.
No debería ser una cuestión baladí, de papel mojado, que el artículo 47 de la Constitución Española diga que los españoles tenemos el derecho a disfrutar de una vivienda digna. La calle se está llenando de gente que exige una reforma más justa del mercado inmobiliario. Nosotros no somos indiferentes ni imparciales porque pensamos que con los derechos constitucionales no se puede jugar.
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