En lingüística, se considera un enunciado performativo aquel que no se limita a describir un hecho sino que con solo ser expresado lo realiza, es decir, la capacidad de transformar o de crear únicamente a través del lenguaje.

En estos días en los que asistimos a numerosos debates sobre los significados de la muerte de Osama Bin Laden, y su impacto sobre la guerra contra el terror, hemos de recordar como los atentados del 11S constituyeron el terrorismo como una enunciación performativa. Bajo el renovado el adjetivo terrorista y su significación, las cosas se renombraron, de esa forma lo que era una guerrilla comunista colombiana, un enemigo interno del más clásico estilo de Guerra Fría se reconvirtió en mero terrorismo, o, mejor dicho, en narcoterrorismo.

Y no es que la guerrilla colombiana no hubiese hecho meritos para que se le incluyese en dicha categoría, de hecho, su lucha en nombre del pueblo ha plagado los campos y ciudades de victimas de bombas y minas antipersonales.  Pero el caso es que al renombrar la guerrilla como narcoterrorista, el país dejaba de tener un conflicto interno para pasar a ser víctima de una amenaza terrorista. He aquí la performatividad del enunciado, se cambiaba la lectura de la historia pero sobretodo se cambiaba la responsabilidad del Estado de ser un bando más en la guerra a una víctima y a su vez la guerrilla perdía su estatus de combatientes políticos.

La negación del conflicto armado  se convirtió en uno de los estandartes del Presidente Uribe, aunque ya se lo había dejado bien enarbolado el Presidente Pastrana, cuyo embajador en Washington a través de un oportuno editorial en The New York Times, redefinió la crisis colombiana  como “el principal teatro de operaciones del terrorismo en el hemisferio occidental” .

Así Colombia quedó oficialmente inscrita como uno más de los frentes de la “guerra contra el terror”  y aunque menos conocido y mediático que otros escenarios, la nueva definición de la crisis permitió a Uribe recibir apoyos internacionales, que le aislaron internacionalmente a las FARC  y hacer uso de recursos materiales y legales en el marco de un renovado “estado de excepción” de seguridad, dada la amenaza terrorista inminente. De hecho el cambio en la calificación permitió que a finales de 2002 el Congreso norteamericano levantara las restricciones al uso de los equipos militares destinados al Plan Colombia para permitir que se emplearan en la lucha contra el terror. 

Han pasado 10 años desde que se instaurara el régimen de la guerra contra el terror, y su mayor símbolo ha caído, pero la muerte de Bin Laden a diferencia del 11S no marca un cambio de época para la seguridad internacional.  Aunque, respecto al caso colombiano sí que hay una novedad, el pasado 4 de mayo el presidente Santos decidió reconocer que  en Colombia hay un conflicto armado. Lejos de intentar dar estatus de beligerancia  a la guerrilla o de abrir un proceso de diálogos, el Presidente Santos busca evitar un agujero fiscal que podría crearse si no se hacen precisiones respecto a los beneficiarios de la “Ley de Victimas” que cursa en el Congreso.

La “ley de víctimas” pretende restituir y reconocer los daños que han sufrido las víctimas del Estado y de los grupos armados, guerrilleros y paramilitares en Colombia. Se estimaba que el coste de dichas restituciones esta alrededor de los veintisiete mil millones de dólares.  De no precisarse que en Colombia hay un conflicto armado, podrían acogerse a dicha ley víctimas de la delincuencia común, creando una demanda de recursos que el Estado no podría asumir. Por ese motivo el presidente no ha dudado en afirmar que “en Colombia hace rato hay un conflicto armado” mientras el expresidente Uribe está que trina, o mejor dicho, que twitea, ante lo que considera un reconocimiento de legitimidad a las guerrillas.

Queda entonces establecida una nueva característica de los enunciados lingüísticos, la des-performatividad, baste con decirlo, las cosas vuelven a ser lo que eran: un país con dos guerrillas y un numero de indeterminado de bandas de neo paramilitares  financiados entre otros ilícitos, por el narcotráfico, que se enfrentan a un gobierno democrático pero incapaz de poner orden en todo el territorio, que además tiene como deuda histórica realizar una reforma agraria, y todo ello enmarcado en una de las sociedades más desiguales del mundo.

Cuando parecía que la muerte de Bin Laden con su carga de venganza venia a reavivar la guerra contra el terror, resulta que sin expectativas de conseguir grandes flujos de ayuda militar por parte de unos Estados Unidos, ya no es el discurso enardecido sino la amenaza de enfrentar los costes de todas las violencias que ha vivido el país, los que hace volver a Colombia a la cabal decisión de devolver su nombre a los hechos y enfrentarlos como lo que son.