En los años de crisis económica se ha producido un leve aumento de las actitudes críticas hacia la inmigración y los inmigrantes, pero no de mayor intensidad que el que se venía observando desde mediados de la década de 2000. Los indicadores relativos a la opinión pública hacia la inmigración que han sufrido un mayor deterioro son los relativos a la posición de los inmigrantes en el mercado laboral y a la competencia con la población autóctona por prestaciones y servicios públicos. En todo caso, los españoles muestran actitudes ante la inmigración más positivas que las de otros países de nueva inmigración con dificultades económicas, como Portugal o Grecia.

En contra de lo que se ha dado a entender en el debate político, la escuela catalana no hace que niños y adolescentes se sientan sólo catalanes. El barrio en el que residen los individuos o la identidad de los padres son determinantes para explicar la identificación con Cataluña y España de los individuos. El contexto familiar neutralizará siempre cualquier política educativa orientada a inculcar en niños y adolescentes una identidad nacional distinta a la de sus padres.

El PP y el PSOE se presentan a las elecciones autonómicas con programas que reflejan una importante dispersión tanto en su posicionamiento ideológico como en su modelo territorial preferido. El Partido Popular es más inconsistente y más incoherente que el PSOE y presenta mayor diversidad ideológica que los socialistas a lo largo de todo el territorio español. En unas CCAA los populares se muestran más favorables a la intervención del Estado en la economía y en otras apuestan por un mercado sin regular. Los dos principales partidos estatales defienden un incremento de la descentralización del Estado en casi todas las CCAA, aunque con importantes diferencias entre autonomías. La única excepción la constituyen los programas centralistas que presenta el PP a las elecciones vascas y catalanas.

En España los ciudadanos perciben grandes desigualdades de oportunidades y derechos entre los diferentes grupos sociales. Especialmente, entre las clases altas y las  clases medias. Con la crisis se ha acentuado la percepción de que el reparto de la riqueza es injusto. La opinión mayoritaria es que una gran desigualdad de ingresos es  negativa (no contribuye a que la gente se esfuerce más, ni a la prosperidad del país). Si bien se asume como un problema inevitable. El modelo de sociedad percibido está muy alejado del modelo de sociedad deseado. La mayoría aboga por una sociedad en la que brecha salarial sea mucho más reducida y el esfuerzo personal, frente a los contactos, sea el principal factor para triunfar socialmente. En todos los segmentos del electorado es mayoritaria la preferencia por un modelo social equitativo en el que el Estado juegue un papel activo en la provisión del bienestar de todos los ciudadanos.

La crisis ha vuelto a traer el debate autonómico al primer plano. Sin embargo, el eje del debate ha cambiado: si en otros momentos primaban los aspectos identitarios o políticos, ahora es la dimensión económica del Estado de las Autonomías la que se subraya. Actualmente algunas Comunidades Autónomas presentan niveles de deuda alarmantes, lo que afecta a la financiación del conjunto del Estado. En ese contexto, el debate político actual se ha trasladado hacia la conveniencia del modelo autonómico español, e incluso su viabilidad, a la par que se discute una posible “simplificación” o “racionalización” administrativa como forma de reducción del gasto autonómico. Este artículo pretende resumir brevemente la bibliografía sobre centralización y descentralización fiscal, analizar el caso español a la luz de ésta, y avanzar posibles soluciones a los desequilibrios que se observan en el modelo autonómico en nuestro país.

La mayoría de la población española apuesta por un sistema político donde la ciudadanía pueda intervenir más en la toma de decisiones, aunque también concede mucha importancia a la representación política. El apoyo a la idea de que los expertos y sus conocimientos deben jugar un papel importante es mayor que en otros países. El deseo de que ciudadanía, representantes políticos y expertos intervengan en la toma de decisiones se basa en que no hay una confianza absoluta en ninguno de ellos: se percibe a los políticos como más preparados que la ciudadanía, pero también como menos honestos que esta última.

The 15M movement in Madrid is not just a movement of the young and marginalized. Many participants are older, employed and a majority of them consider their current financial situation as relatively good. At the same time, many share a concern about their future financial situation. Participants’ main concerns regard political corruption, global financial markets and banks as  well as issues related to public spending. Their main emotions are moral outrage and anger, but little hope when thinking about economic inequality. The current situation is seen as an opposition between disadvantaged groups (such as the unemployed, workers and young people) and the powerful (such as politicians, banks and companies).

Los tres grandes partidos políticos madrileños (PP, PSOE e IU) han aumentado el porcentaje de diputadas, mientras que en todos ellos se ha incrementado la media de edad de los diputados y diputadas. Los diputados del PP y el PSOE tienen una mayor formación académica que los de IU, pero son los de IU y el PSOE los que realizan más intervenciones. Las diputadas del PSOE e IU realizan más intervenciones que los diputados de su mismo partido, mientras que en el PP los diputados realizan más intervenciones que las diputadas. Los partidos que están en la oposición renuevan más a sus diputados que los partidos en el gobierno. En el PP predominan los abogados, en el PSOE los empleados y profesores y en IU sindicalistas e ingenieros. Uno de cada cinco diputados son políticos profesionales

En este documento presentamos nuevos datos que muestran que, en la opinión pública española, las preferencias a favor del Estado del Bienestar no tienen un particular sesgo ideológico. Es decir, en términos comparados, las preferencias por un mayor papel del estado en la provisión de servicios a los ciudadanos no es muy diferente ni entre personas con diferentes perfiles ideológicos, ni entre los votantes de los dos principales partidos políticos. En la segunda parte del trabajo proponemos una explicación a esta “anomalía” española basada en el peculiar mercado de trabajo español, excepcionalmente dualizado, que hace que buena parte de la intervención del estado adopte tintes poco redistributivos.

El sesgo mayoritario del sistema electoral en España no se debe tanto a la fórmula D’Hondt, sino al reducido tamaño de las circunscripciones. Los principales partidos perjudicados son los partidos minoritarios de ámbito estatal (IU y UPyD). El sistema ni castiga ni premia a los nacionalistas. Un sistema electoral muy proporcional conlleva un sistema de partidos más fragmentado. Esto hace más difícil la formación de gobiernos estables y duraderos y la atribución de responsabilidades.