España tiene la tasa de contratación temporal en un 30,6%, veinte puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (UE). La excesiva precariedad laboral es negativa tanto en términos de equidad como de eficiencia económica. Por lo tanto, reducir la temporalidad debe ser un objetivo prioritario de las políticas de empleo. El informe propone medidas que ayudan a reducir la precariedad del mercado laboral español mejorando su flexibilidad en un entorno económico cambiante. En la primera parte se discute la naturaleza de los costes de despido y de los contratos temporales, tanto desde el punto de vista económico como jurídico. En la segunda, se describen las principales reformas laborales que han tenido lugar en España desde 1984. En la tercera sección se analiza la evidencia disponible acerca de los efectos que la Ley de Protección al Empleo (LPE) y la temporalidad tienen sobre el empleo, los salarios, la productividad y en qué medida, en el actual contexto es necesaria una reforma. Por último se recogen una serie de propuestas para corregir la situación actual.