A pesar de su dimensión internacional, la actual crisis económica está teniendo un impacto especialmente acusado en nuestro país. Desde el inicio de la crisis, hemos pasado casi abruptamente de ser una economía que crecía a un ritmo superior a la media de la UE a estar en situación de recesión, con una caída acumulada del PIB del 1,3% en lo que va de año y previsiones negativas para 2013. De ser una economía dinámica, que creaba empleo a un ritmo vertiginoso, estamos en el vagón de cola de Europa, sufriendo la desconfianza de las instituciones y los mercados internacionales y protagonizando la subida más espectacular del desempleo en todo el territorio de la Unión Europea. La población en edad de trabajar, especialmente en los hogares con niños dependientes, está llevando la peor parte. Las políticas de ajuste están afectando especialmente a la capacidad de gasto y consumo de aquellos que dependen de las rentas salariales, mientras los mayores mantienen, al menos de momento, su posición. Finalmente, uno de los aspectos más preocupantes que pone de relieve este informe es el aumento de las disparidades territoriales en los niveles de privación material de la población. Son precisamente las Comunidades Autónomas en peor situación las que están sufriendo una desconvergencia mayor con respecto a la media en estos momentos.

La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD), además de dar respuesta a una urgente necesidad social, supone una importante oportunidad para crear actividad económica sostenible y generar empleo, pues la atención a la dependencia se concreta, fundamentalmente, en actividades de cuidados personales, que son muy intensivas en trabajo.

Sin embargo, el ingente potencial de generación de actividad y creación de empleo de la LAPAD (estimado en más de 635.000 puestos de trabajo a jornada completa en el horizonte de 2015) no está siendo plenamente aprovechado, debido entre otros factores a la irrupción de la crisis económica y a las respuestas que, ante la crisis, han adoptado los distintos agentes: por una parte, porque su implantación se ha visto primero frenada y después parada en seco por las políticas de ajuste; por otra, porque debido a la crisis y a sus efectos sobre el mercado laboral, una gran proporción de personas y familias han optado por la prestación económica por cuidados en el medio familiar, que a pesar de su carácter excepcional se ha convertido, con diferencia, en la prestación con más peso del Sistema.

La fuerte penetración prevista de energías renovables no gestionable (eólica y solar) hace prever que el funcionamiento de las centrales de régimen ordinario, especialmente los ciclos combinados, será mucho más variable debido al comportamiento de las fuentes renovables, ya que el despacho de las centrales adscritas al régimen ordinario vendrá condicionado en gran medida por la disponibilidad en cada momento del día de los recursos renovables. La integración masiva de energías renovables supondrá la necesidad de un mayor número de arranques y paradas de los ciclos combinados a la par que un menor número de horas de funcionamiento con el consiguiente aumento de los costes de operación y mantenimiento y el empeoramiento de su rendimiento, incrementándose, por lo tanto, sus costes variables.

En esta investigación consideramos dos facetas fundamentales que los sindicatos realizan en las empresas. De un lado, son el instrumento para el ejercicio del poder de negociación de los trabajadores. De otro, la labor de los sindicatos consiste en ofrecer una voz sobre cómo la empresa orienta su actividad, cómo está siendo gestionada y qué limitaciones y debilidades se observan en su actuación.

Esta doble faceta de la actividad sindical en la empresa es la que se explora en este trabajo. Para ello describimos, en primer lugar, la voz de los trabajadores, mediante una caracterización del perfil y preferencias que manifiestan los trabajadores afiliados al sindicato. Comparamos ese perfil del afiliado sindical con el que presenta el no afiliado. En segundo lugar, estudiamos la influencia sindical sobre un conjunto de variables que, dentro de la empresa, afectan de manera simultánea al bienestar de los empleados y a la competitividad de la organización. En particular, tratamos de reconocer las relaciones que se establecen entre influencia sindical y salarios, formación, información, eventualidad, conciliación y absentismo.

España, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad garantizan a los ciudadanos, de manera universal y equitativa, el derecho a la asistencia sanitaria. El objetivo de este trabajo es analizar y reflexionar sobre la realidad de la situación de las listas de espera (LE) en nuestro país. La literatura existente ha abordado a través de informes técnicos, artículos, etc., diversos aspectos de las LE que hemos intentado recoger, actualizar y analizar en este documento. Son evidentes las dificultades que en la gestión y conceptualización de las LE ocasionan los diversos campos que se imbrican en su desarrollo: planificación sanitaria, financiación, sistemas de remuneración e incentivos (negociación con los profesionales), sistemas de información y gestión, tipo y características de la morbilidad atendida, necesidades sociales, etc. En este escenario complejo se producen contradicciones mayores frecuentes y colisión de intereses entre los diferentes actores, algunos no invitados, que intervienen de forma activa en la toma de decisiones sobre las actuaciones a seguir en LE. No debemos, por tanto, abstraer los planteamientos sobre los tiempos de demora en la atención, del sistema en el cual suceden. La LE es un indicador de medida de los resultados en salud de las organizaciones sanitarias.

El objeto de este trabajo es el análisis del sistema sanitario español, la consideración de su situación actual en términos tanto políticos como económicos y la valoración de las actuaciones necesarias para mantener el Sistema Nacional de Salud como el instrumento esencial para proporcionar la cobertura sanitaria universal e igualitaria que se pretendió alcanzar con la promulgación en 1986 de la Ley 14 de aquel año, General de Sanidad, que constituye la base de nuestra organización sanitaria actual.

La pretensión de los autores es entrar en profundidad en los distintos aspectos enunciados. Por este motivo, se han unido profesionales de atención primaria, de las tecnologías de la información, economía de la salud y gestores (con diversa experiencia nacional e internacional y con conocimientos base ligados a diversos campos: medicina, enfermería, ingeniería, economía, antropología).

La evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) es una disciplina joven que pretende analizar y evaluar por comparación las tecnologías que se aplican a los procesos asistenciales sanitarios, en cualquiera de sus fases (profilaxis, diagnóstico, tratamiento, paliación…). Nace en el último tercio del siglo pasado como reflejo de la necesidad de, por un lado, contener el creciente gasto sanitario, y, de otro, de conocer cuál es la repercusión de la entrada de las nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios. El presente documento pretende analizar el marco de desarrollo de la ETS en España y sus limitaciones, y hacer algunas propuestas para superar la actual coyuntura.

Es esencial aprobar una norma sobre transparencia y acceso a la información en España que esté a la altura de los tiempos y adaptada a la creciente reivindicación de profundización democrática, iniciativa que podría encontrar un alto grado de consenso político, mediático y social. A la luz del Derecho comparado y europeo y de las peculiaridades de nuestro sistema político y jurídico, en el documento se formulan una serie de propuestas.

En España existen más de cien puntos negros en los que la mayoría de sus habitantes no hace efectivo su derecho a participar en unas elecciones. Estos agujeros negros de la democracia tienen un denominador común: son espacios desconectados de la vida social, económica y política de su sociedad. Hasta la fecha, toda la atención sobre este grupo de excluidos sociales se había centrado en atender sus necesidades más básicas. Sin embargo, los poderes públicos han obviado el desarrollo de políticas directas orientadas a la inclusión política de los más débiles de nuestra sociedad.